El colapso financiero que hoy enfrenta el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) no es una sorpresa repentina ni un accidente administrativo: es la consecuencia directa de una serie de reformas legislativas impulsadas entre 2012 y 2018 que transformaron la naturaleza del organismo y lo expusieron a riesgos financieros que nunca debió asumir.
Creado en 1976 bajo la promesa de garantizar la seguridad social de los servidores públicos, el ISSTEY nació como un organismo sólido, con patrimonio propio, reservas obligatorias y un esquema de aportaciones que aseguraba prestaciones médicas, préstamos, pensiones y jubilaciones. El Decreto 68/1976 dio origen a una institución descentralizada que debía funcionar con autonomía financiera y vocación de estabilidad a largo plazo.
Sin embargo, esa visión se fue erosionando con el paso del tiempo. A partir de 2012, el poder Ejecutivo y el Congreso local empezaron a modificar la ley para permitir que los recursos de los trabajadores se invirtieran en instrumentos bursátiles y proyectos inmobiliarios privados, sin mecanismos de protección ni sanciones por pérdidas. Es decir, se creó un marco legal que hacía posible arriesgar el dinero de los trabajadores en operaciones de alta especulación sin que existiera responsabilidad alguna.
2014: EL DISCURSO DE LA TRANSPARENCIA
El Decreto 203/2014 reestructuró capítulos de la ley y centralizó decisiones financieras bajo la bandera de “orden financiero”. En los hechos, abrió la puerta a un manejo discrecional de las reservas, justo cuando el instituto ya daba señales de crisis.
2016: COMITÉS QUE SOLO GENERARON OPACIDAD
En 2016 se aprobaron cambios que crearon comités de inversión y supuesta transparencia. No obstante, su impacto fue nulo: más que controlar, sirvieron para legitimar contratos poco claros y reforzar la discrecionalidad en el manejo de recursos.
2017: BENEFICIOS SELECTIVOS
El Decreto 556/2017 introdujo esquemas de jubilación optativos y préstamos “competitivos” que en la práctica favorecían a los trabajadores de mayores ingresos. Los de base, en cambio, quedaron atrapados en un sistema con servicios médicos saturados y pensiones cada vez más inciertas.
2021 Y 2022: DE LA MODERNIZACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE LA CRISIS
La reforma de 2021 fue presentada como una actualización técnica, pero no incluyó medidas reales de rescate financiero. Un año después, el Decreto 532/2022 reconoció por primera vez el déficit actuarial y la inviabilidad del sistema. Sin embargo, blindó los derechos adquiridos, incluso aquellos derivados de reglas laxas que beneficiaron a grupos privilegiados, lo que trasladó el peso de la crisis a las generaciones futuras.
EL FRAUDE LEGALIZADO
El común denominador de esta década de reformas es que se utilizó la ley como herramienta para legitimar decisiones que, de otra manera, habrían sido consideradas un fraude: inversiones de alto riesgo sin sanción, financiamiento de negocios particulares con dinero público y la consolidación de beneficios selectivos para una minoría.
Hoy, los trabajadores enfrentan un instituto debilitado, con liquidez comprometida y un futuro incierto para sus pensiones. El ISSTEY pasó de ser una promesa de seguridad social a un ejemplo de cómo el marco legal puede transformarse en un blindaje para la irresponsabilidad financiera y el privilegio político.
